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A continuación, presentamos un resumen de fallos destacados en materia de Derecho Público dictados por la Excma. Corte Suprema en los últimos dos meses, vinculados a temas de responsabilidad del Estado, procedimiento administrativo, derechos fundamentales, entre otros.

• Acción de Mera Certeza y Órganos de la Administración del Estado – Sentencia en causa Rol N°36.553-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021

La Corte Suprema declara inadmisible recurso de casación en la forma y rechaza la casación en el fondo deducidas por el Servicio de Vivienda y Urbanización Región del Maule en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca, que confirmó la declaración de incompetencia absoluta para conocer de la acción de mera certeza.

La Corte hace propios los argumentos de la segunda instancia, señalando que a partir del artículo 3 del Código Civil y 98 de la Carta Fundamental, en relación con la Ley 10.336, la Contraloría General de la República es el órgano que tiene la potestad exclusiva de informar acerca del sentido y alcance de las leyes y reglamentos que rigen a los órganos de la Administración del Estado y sus funcionarios, con carácter vinculante para estos. Así, al pretender el demandante que el tribunal civil emita un pronunciamiento respecto de una materia que corresponde a un ámbito exclusivo de la Contraloría, esto es, la expiración de un cargo a contrata, el tribunal resulta incompetente absolutamente. (Considerando 8°)

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• Servidumbre eléctrica e indemnizaciones – Sentencia en causa Rol N°26.947-2021, de fecha 13 de septiembre de 2021

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que confirmó el fallo de primera instancia que acogió el reclamo en contra del Fisco de Chile, sólo en cuanto rebajar la suma que la concesionaria deberá pagar a título de indemnización por la servidumbre eléctrica.

La Corte hace suyos los argumentos de los sentenciadores de primera instancia, señalando que el incremento previsto en el artículo 70 de la Ley General de Servicios Eléctricos no procede aplicarlo a la franja de protección, toda vez que el mismo opera únicamente respecto de los terrenos ocupados, que no es el caso de las líneas aéreas, que sólo cruzan el predio del Fisco. Agrega que dicha interpretación es armónica con el sentido de las disposiciones, resultando lógico que el aumento se aplique a los terrenos ocupados desde un punto de vista físico, excluyendo entonces la franja de protección respecto de la cual no hay propiamente una toma de posesión o apoderamiento que importe que los mismos resulten inutilizados para su natural aprovechamiento. (Considerando 4° y 5°)

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• Acciones administrativas en materia de libre competencia – Sentencia en causa Rol N°20.987-2020, de fecha 31 de agosto de 2021

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, vinculada a prácticas contrarias a la libre competencia de Inmobiliaria e Inversiones Mall Plaza de los Ríos, previstas en la Ley N°20.169.

La Corte señala que una interpretación ajustada a los fines de la ley debe considerar, para la configuración de las conductas de su artículo 4° letras g), otras actuaciones de naturaleza administrativa desplegadas por los demandados, ya que la enumeración no es taxativa y no es compatible con su fin reducir a la literalidad la expresión “acciones judiciales”, por sus similares objetivos. Por tanto, el ejercicio de acciones administrativas es subsumible en dicha hipótesis y permite caracterizarlo como ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales en sentido amplio, al revelar una intención puramente instrumental destinada a impedir la entrada de un nuevo competidor. (Considerando 8°)

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• Invalidación de Resolución de Calificación Ambiental – Sentencia en causa Rol N°154.827-2020, de fecha 23 de agosto de 2021

La Corte Suprema rechaza recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, que a su vez rechazó la reclamación deducida en contra de la resolución del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los Ríos que negó la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental de un proyecto de piscicultura.

La Corte estima que a partir de los principios de conservación y de trascendencia que informan la nulidad de derecho público, cuyo fundamento radica en que, revistiendo la nulidad el carácter de remedio excepcional frente a la ilegalidad de un acto administrativo, sólo será procedente si el vicio es grave y esencial, y cause perjuicios, no se han acreditado en el proceso elementos que permitan sostener un vicio de estas características. Agrega que no es procedente sustentar un recurso de este tipo en base a la transgresión de normas constitucionales, ya que la Carta Política se limita a establecer principios que luego son desarrollados en normas de inferior jerarquía como las leyes. (Considerando 10° y 11°)

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• Concesiones acuícolas y prescripción de infracciones – Sentencia en causa Rol N°144.349-2020, de fecha 23 de agosto de 2021

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental, que rechaza el reclamo ambiental previsto en el artículo 17 N°3 de la Ley N°20.600 en relación con las condiciones anaeróbicas reportadas en diversos centros piscícolas en incumplimiento de su respectiva Resolución de Calificación Ambiental.

La Corte señala que, para efectos de determinar si efectivamente las posibles infracciones denunciadas se encuentran prescritas, corresponde determinar si se está en presencia de una infracción instantánea con efectos permanentes o de una infracción constante y reiterada en el tiempo. Citando a la doctrina, señala que las primeras son aquellas en las que una acción u omisión única crea una situación jurídica cuyos efectos permanecen hasta que el autor cambia su conducta, siendo precisamente este el caso de las infracciones denunciadas, por lo que la prescripción se computa desde que se consuman las mismas, y no desde que se agotan sus efectos. Así, indica que el Tribunal Ambiental acertadamente concluye que las posibles infracciones denunciadas, respecto de las cuales la resolución reclamada dispuso su archivo, se encuentran prescritas, sin perjuicio de iniciarse una eventual investigación conducente a la sustanciación de un procedimiento sancionatorio. (Considerandos 14°, 15°, 17° y 18°)

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• Derecho administrativo sancionador en materia eléctrica – Sentencia en causa Rol N°36.698-2021, de fecha 9 de agosto de 2021

La Corte Suprema acoge el recurso de apelación y revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, dando lugar a la reclamación del artículo 19 de la Ley N°18.410, ordenando a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles tramitar la solicitud de autorización respecto del producto luminarias nocturnas montadas en enchufes por ilegalidad del acto administrativo.

La Corte indica que, al no encontrarse ejecutoriada a la fecha de la dictación de esta sentencia aquella que se pronunció sobre una reclamación anterior, no puede ser considerada ésta última para los fines de establecer una reiteración o reincidencia al tenor del artículo 14 letra f) del DS N° 298/2005 que aprueba el reglamento para la certificación de productos eléctricos. Lo anterior, pugna con los principios de inocencia, interpretación restrictiva y de proporcionalidad que deben regir tratándose del derecho administrativo sancionador. (Considerando 13° y 18°)

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• Reclamación judicial por no ejercicio de potestad invalidatoria – Sentencia en causa Rol N°30.177-2021, de fecha 9 de agosto de 2021

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en relación con el rechazo de la solicitud de invalidación del acto de la Ilustre Municipalidad de Providencia, que aumentó en un 650% el valor establecido de los derechos municipales que gravan la publicidad instalada en letreros, carteles, avisos o pantallas de quioscos.

La Corte, compartiendo los lineamientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, señala que el artículo 53° de la Ley N°19.880 sólo otorga acción para impugnar el acto invalidatorio, pero no contempla una acción para el caso en que la autoridad decida no ejercitar la potestad invalidatoria, que es una facultad para la autoridad. Así, la Corte resuelve que “salvo que se trate de una ilegalidad manifiesta y constatada, el interesado carece de acción para impugnar juridicialmente dicha determinación”. (Considerando 10° y 11°)

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• Traslado de industria mal ubicada, que causen molestias o daños al vecindario – Sentencia en causa Rol N°25.480-2021, de fecha 6 de agosto de 2021

La Corte Suprema rechaza el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la Ilustre Municipalidad de Antofagasta en relación el Decreto Alcaldicio que dispuso el traslado de depósitos de combustible ubicados en Antofagasta.

La Corte señala que, si bien la Ley N°19.880 contiene un procedimiento de aplicación general y supletorio de los actos administrativos que contempla el deber de motivación y la observancia de los artículos 11, 16 inciso segundo y 41 cuya infracción denuncia el recurrente, para los casos en que la legislación contemple un procedimiento especial ha de considerarse aquél con preeminencia del estatuto general. Así, la Municipalidad dictó el Decreto de Traslado al estimar que reúnen las condiciones previstas en el artículo 62° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, desde que se emitieron los informes sectoriales correspondientes que dan cuenta que la industria causa molestias o daños al vecindario. De la misma forma, estimó que no resultaba plausible sostener que la dictación de dicho traslado requería de un procedimiento contradictorio previo. (Considerando 9°)

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• Acto ilegal por desviación de poder al utilizar un procedimiento improcedente – Sentencia en causa Rol N°6.886-2021, de fecha 6 de agosto de 2021

La Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca que acogió recurso de protección presentado por un grupo de funcionarios de salud de la Municipalidad de Vichuquén, por considerar ilegal el Decreto Alcaldicio por intermedio del cual se ordenó el reintegro de la asignación de desempeño difícil.

La Municipalidad disponía de diversos procedimientos para el fin perseguido con el acto cuestionado en el recurso, como los emanados de la Contraloría General de la República, el procedimiento de invalidación o la vía judicial, a través de un juicio ordinario. Sin embargo, al optar por la institución de la revocación, que es improcedente en el caso concreto, utilizó un procedimiento diverso al que estaba facultada, configurándose una desviación de poder por desviación del procedimiento, siendo ilegal el acto recurrido. (Considerando 4° y 5°)

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• Responsabilidad del Estado por falta de servicio – Sentencia en causa Rol N°82-2021, de fecha 5 de agosto de 2021

La Corte Suprema invalida de oficio la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco y condena al Fisco de Chile al pago de una indemnización en razón de la falta de servicio de Carabineros de Chile en los hechos vinculados a su muerte por carbonización.

La Corte señala que, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación con los artículos 4° y 42 de la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la responsabilidad del Estado Administrador tiene como factor de imputación la “falta de servicio”. Agrega que las normas excluidas por lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 se refieren exclusivamente a la organización, funcionamiento y carrera funcionaria, sin afectar el régimen de responsabilidad de aquellas instituciones, por lo que se excluye toda posibilidad de reconducción al Código Civil. Finalmente, señala que sea que ésta se aprecie mediante la abstención de realizar la acción que correspondía hacer o desde la acción en el curso causal dañoso, fue decisivo en el resultado el que las Fuerzas de Seguridad y de Orden no cumplieran con su deber de garantes, tanto respecto a su posición de control de la fuente de peligro que le era conocida y también previsible como frente a los bienes jurídicos que se encontraban en la obligación de defender. (Considerandos 15°, 16° y 17° y 20°)

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• Notificación por carta certificada en procedimiento administrativo sancionador – Sentencia en causa Rol N°7.032-2021, de fecha 4 de agosto de 2021

La Corte Suprema revoca sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y acoge el recurso de protección presentado en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, en relación con la notificación del acto que impuso una multa, ordenando retrotraer el procedimiento administrativo a la etapa de impugnación de la resolución sancionatoria, entendiendo a la administrada como notificada tácitamente a partir de la fecha del cúmplase de esta sentencia.

La Corte reitera el criterio sostenido en la sentencia Rol N°17.031-2019 que, a propósito de la presunción referida a la notificación por carta certificada del inciso 2° del artículo 46° de la Ley 19.880, señala que se trata de una presunción simplemente legal, consagrada como consecuencia de la falta de certidumbre respecto de la fecha de entrega de la respectiva carta certificada, por lo que es posible desvirtuar dicho indicio legal demostrando que la citada misiva fue entregada en una fecha específica a una persona determinada. En el caso en concreto la presunción resultó vencida, acudiendo al principio de primacía de la realidad, pues existe certeza en cuanto a que la notificación nunca fue practicada. (Considerandos 3° y 4°)

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• Impugnación de Resolución de Calificación Ambiental – Sentencia en causa Rol N°43.698-2020, de fecha 28 de julio de 2021

La Corte Suprema acoge un recurso de casación en el fondo deducido por terceros absolutos y la Municipalidad de Villa Alemana, anulando la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Ambiental en relación con la solicitud de invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental de una central de generación de energía eléctrica ubicada en la comuna de Limache.

La Corte establece que los procedimientos de reclamación judicial regulados en las Leyes Nº19.300 y 20.600 requieren el agotamiento de la vía administrativa en forma previa, lo que debe entenderse como un principio aplicable a la totalidad del sistema recursivo a través del cual se pretenda impugnar una RCA en su conjunto, ya que no resulta acorde con su finalidad que los medios de impugnación contemplados en la ley no reúnan las mismas características y puedan llevar a que en sede jurisdiccional se dicten distintas resoluciones en épocas diversas. (Considerandos 7° y 8°)

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