Durante el último tiempo las palabras impuestos, súper ricos, igualdad y utilidades han estado en la portada de diarios y han sido constantemente repetidas en debates políticos de candidatos a la Convención Constituyente, Diputados, Senadores y posibles candidatos a la presidencia de nuestro país. En una especie de relato con pocos conocimientos técnicos y bastante emocionalidad se ha instaurado a los impuestos como la mejor forma de acercarnos a los estándares de países nórdicos y de esa forma pasar instantáneamente al primer mundo, solucionando todos los problemas del país con políticas públicas costosas que serán pagadas sin problemas con un aumento en los impuestos corporativos y con la ayuda del denominado impuesto a los “super ricos”.

Al mismo tiempo, organismos internacionales como el FMI han aconsejado a Chile a realizar una reforma tributaria para elevar los impuestos y crear impuestos temporales para quienes tengan patrimonios sobre cierta cantidad de millones de dólares, una especie de impuesto a la riqueza, que ayude a sobrellevar la crisis económica y social provocada por la pandemia desde el año 2020. Por su parte la OCDE ha recomendado una reforma tributaria con el fin de disminuir la desigualdad y afrontar la crisis actual que se vive en gran parte del mundo, lo anterior en base a su informe “Going for Growth 2021”, en el cual se critica que el impacto redistributivo del impuesto a la renta de las personas naturales es débil en nuestro país.

Los antecedentes son claros en torno al impulso que ha tomado el impuesto a los super ricos, y si bien dado el contexto actual podría catalogarse como razonable en circunstancias de que organismos como el FMI, que durante su historia no ha sido un férreo defensor de este tipo de impuestos, lo haya propuesto.

El problema no es el FMI o la OCDE, el problema recae en nuestro país, en el discurso, en las promesas, en aquellas palabras que llegan a la gente con un fin electoral o político y no uno técnico o de desarrollo de políticas públicas correctas.

Es común escuchar cifras como que la recaudación llegaría a US$ 6.250 millones y que aproximadamente serían 5.840 personas a quien se les podría cobrar el referido impuesto. Algo bastante lejano a lo que el Director del Servicio de Impuestos Internos expuso en la Comisión de Constitución, estableciendo cifras como que la recaudación podría llegar a US$ 1.500 millones y que las personas que califican dentro del supuesto hecho gravado no serían más de 1.410, además de la difícil fiscalización lo que hace que el impuesto planteado como esta hoy sea bastante ineficiente y con resultados muy por lo bajo de lo esperado.

Es en este momento cuando las cosas se deben tomar enserio y se debe legislar con una mirada objetiva y por sobre todo técnica, escuchando a especialistas en el tema, a quien tendrá que fiscalizar y aplicar el impuesto,  y no a los que prometen y prometen sin cansarse y sin hacerse responsable cuando las cosas no se cumplen, de lo contrario, tendremos otra reforma tributaria que no cumple las expectativas, que obtiene una recaudación menor y que impacta en la inversión y el desarrollo económico del país, alejando a inversionistas, creando incertidumbre y por cierto, no cumpliendo lo prometido.

Fuente: Elmercuriolegal.cl
08 de Mayo de 2021

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