Según la Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), las asociaciones gremiales (“AG”) “[…] cumplen un rol importante y legítimo dentro del sistema de mercado. En términos generales, ellas promueven el desarrollo y protección de las actividades e intereses comunes de sus miembros ‘en razón de su profesión, oficio o rama de producción o de los servicios’ […]” . A su vez, según esta misma autoridad, las AG ofrecen numerosas oportunidades para que empresas competidoras se reúnan a través de la AG. Si bien estos encuentros pueden tener fines legítimos y referidos a los intereses de los asociados a la AG, no sería menos cierto que dichas instancias también pueden llevar al desarrollo de actividades y conductas contrarias a la libre competencia.
En este contexto, a fines del año 2018, se inició una investigación para indagar eventuales infracciones al artículo 3° del Decreto Ley N° 211 (“DL 211”) en relación a recomendaciones de comisiones estandarizadas de corretajes de propiedades y otras prácticas comerciales (“Investigación”).
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